La Justicia frenó el tarifazo eléctrico en toda la Provincia de Buenos Aires

8 Julio, 2016

Lo resolvió, por el término de tres meses, la Cámara Federal de La Plata al revocar un fallo de primera instancia del Juez Adolfo Gabino Ziulu. La suspensión había sido solicitada a través de un recurso de amparo presentado por el bloque de diputados bonaerenses del FPV-PJ.

Esta tarde, con dos votos favorables de los jueces Álvarez y Schriffrin, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata dio lugar a la cautelar solicitada en un recurso de amparo impulsado por el bloque de diputados provinciales del FPV-PJ en febrero del corriente año.
De este modo, se resolvió: “Por el término de 3 (tres) meses la suspensión de las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación 6/2016 y 7/2016 y la Resolución del ENRE 1/2016 para el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires”.
“En relación al alcance espacial de los efectos que corresponde otorgarle a la presente medida cautelar, considero que alcanza a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del territorio de la Provincia de Buenos Aires, en tanto surge de la legitimación procesal de Enrique Marcelo Honores, Secretario General, a cargo interinamente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, quien en principio resulta –en el caso de autos legitimado a promover diversos tipos de acciones en los cuales se encuentren afectados los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires (conforme el art. 55 de la Constitución y Ley 13834, ambas de la Provincia de Buenos Aires)”, agregó el dictamen judicial.
Cabe precisar que la acción preventiva fue requerida por los diputados: Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez, Ricardo Moccero y Rodolfo Iriart.
Los legisladores resaltaron la intensa campaña territorial y barrial, que tuvo lugar en diversos distritos bonaerenses y en la que se recolectó alrededor de un millón de firmas para exigir que se cumpla con el derecho constitucional de convocar a audiencia pública antes de efectuar aumentos en el servicio de energía eléctrica.

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